La mesa chica de la CGT insistió esta tarde en reclamar “paritarias con libertad y sin condicionamientos” y ratificó su rechazo a las sumas fijas como mecanismo de aumento salarial, tal como quiere el Gobierno para el primer semestre del año con el fin de dar señales desindexatorias de la economía.

Así se coincidió en la reunión, anticipada por Infobae, que se realizó en la sede de UPCN y que se prolongó durante tres horas, en donde la discusión por la política salarial del Gobierno mostró más coincidencias que diferencias: la mayoría de los dirigentes criticó que se siga promoviendo el otorgamiento de sumas fijas porque “achata las categorías" salariales y, en cambio, se acordó proponerle a la Casa Rosada que defina una franja con pisos y techos de aumentos porcentuales que, a juicio de los funcionarios, no ponga en peligro la estrategia antiinflacionaria.

Así, la cuestión salarial volvió a protagonizar la reunión de la mesa chica de la CGT: lo mismo había sucedido el 30 de enero, cuando los dirigentes analizaron el tema y acordaron dejar en libertad de acción a los gremios para que acordaran aumentos según la situación económica de cada actividad, ya sea mediante un incremento porcentual o una suma fija.

Durante el encuentro de hoy hubo preocupación general por el panorama económico y social, aunque también surgieron quejas por “las demoras y los problemas cotidianos” que tienen los sindicalistas por el hecho de que hay muchas áreas del Gobierno en las que aún no están designados los funcionarios responsables y, por lo tanto, no existe quien firme los trámites o expedientes.

“Nos preocupa la gestión detenida por la falta de nombramientos y también por las peleas internas dentro del oficialismo”, dijo a este medio un dirigente cegetista, que aseguró que en la reunión de hoy se detallaron los inconvenientes que genera la disputa entre el sector de Alberto Fernández, el de Cristina Kirchner y el de Sergio Massa, trío de poder al que llaman coloquialmente “La cooperativa”.

En ese mismo sentido, los sindicalistas coincidieron en que hay “desconocimiento” respecto del proyecto de Consejo Económico y Social que impulsa el Presidente, según lo anunció en el discurso con el que inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo.

Aunque el Gobierno convocó para esta tarde a la UIA y a la CGT a un encuentro en el Ministerio de Trabajo, al que cada sector envió a sus asesores técnicos (la central obrera se hizo presente a través de dos economistas y un abogado), allí no se habría conversado sobre el anunciado Consejo Económico y Social, sino que los funcionarios habrían planteado la idea de lograr la continuidad de una reunión que empresarios y sindicalistas mantuvieron el 20 de febrero con el gabinete económico, encabezado por el ministro Martín Guzmán, para analizar las negociaciones con el FMI sobre la deuda.

Los dirigentes de la central obrera, además, comentaron alarmados que existe una versión acerca de que el Ejecutivo quiere que los movimientos sociales participen del Consejo Económico y Social, una posibilidad que genera preocupación, tanto como la participación de sectores académicos en el ente de diálogo tripartito, porque, como sostuvo un gremialista, “una presencia tan heterogénea aportará muchas discusiones y le quitará eficacia” a la iniciativa que impulsa Alberto Fernández.

Los sindicalistas también analizaron los serios problemas económicos y financieros que se generan para sostener el sistema de obras sociales por la decisión del Gobierno de postergar el pago de los $15.000 millones que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) les debe a través del Fondo Solidario de Redistribución en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad.