Aguas Santafesinas convoca, junto al ministerio de Obras Públicas, a la audiencia pública que se realizará el viernes 30 de agosto a las 11:00 en el hall de la Legislatura, en el marco de la ley de emergencia dictada por el Gobierno de Santa Fe, con el propósito de exponer el cuadro de situación en que encontró la empresa y la propuesta de nuevo régimen tarifario de los servicios sanitarios, profundizando las transformaciones iniciadas desde el comienzo de la actual gestión provincial.

"La presentación básicamente tiene tres ejes fundamentales. El primero es generar mayor equidad y justicia en el cobro de las facturas de nuestros usuarios, que pasa fundamentalmente por el establecimiento de la micromedición y de la macromedición. Avanzar fuertemente con una política pública que permita reflejar el consumo real que los usuarios tienen mensualmente y no el consumo que la empresa presume", dijo a LT9 la presidenta del directorio de Aguas Santafesinas, Anahí Rodríguez.  

"En segundo lugar, dar una propuesta superadora también a las mediciones de lo que son las propiedades horizontales que actualmente no están medidas. Avanzar también en lo que es el uso del agua. Somos una de las únicas provincias en la Argentina que solamente tiene una clasificación del agua para residencia, para consumo humano y no así para lo que son los usos comerciales o los usos industriales", agregó. 

Rodríguez añadió seguidamente que se debe "por supuesto también tener en cuenta algunos contenidos vinculados a la zonificación, a los lugares donde viven nuestros usuarios de manera tal que se pueda generar posiblemente un sistema de subsidios conjuntamente con un esquema de tarifa social para aquellos usuarios que cumplan con algunos requisitos". 

"Estamos expectantes de ese día, de esa audiencia. Tenemos un régimen que tiene casi 30 años de vigencia y que fue aprobado en un contexto que nada tiene que ver con el de hoy", consideró. 

La presidenta del directorio reiteró la importancia de "avanzar con un porcentaje importante de propiedades que hoy podrían ser medidas y no lo están por la discontinuidad en las políticas públicas de micromedición que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Tenemos alrededor de un 30% de propiedades en condiciones de ser medidas. Hemos hecho licitaciones hace unas semanas para avanzar en la compra de micromedidores para poder instalar". 

"Tenemos una propuesta muy superadora de la actual que tiene que ver con la posibilidad de medir en los edificios, donde vive gran porcentaje de nuestros usuarios, y que actualmente también quedan rehenes del metro presunto", adelantó Rodríguez.

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