Al menos 20 personas han muerto tras un ataque perpetrado contra una comisaría en Haití por parte de hombres armados en la ciudad de Gressier, que vive desde hace varios meses una grave situación de violencia por la actuación de pandillas, provocando una grave crisis humanitaria y que ha llevado a la comunidad internacional a enviar una misión de seguridad liderada por Kenia, que ya ha enviado a 400 policías a la isla caribeña.
Esta espiral de violencia ha provocado que en el país haya en torno a 600.000 desplazados internos, de los que más de la mitad son niños, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
"Los niños de Haití siguen sufriendo el embate de múltiples peligros, entre ellos una violencia espantosa y unos niveles críticos de desplazamiento", ha declarado la ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.
De hecho, el número de niños desplazados ha aumentado un 60 por ciento desde marzo, lo que equivale a un niño desplazado cada minuto; esta situación hace que muchos de ellos se vean obligados a unirse a las pandillas.
"La catástrofe humanitaria que se desarrolla ante nuestros ojos está teniendo un efecto devastador en los niños. Los niños desplazados necesitan desesperadamente un entorno seguro y protector, así como un mayor apoyo y financiación por parte de la comunidad internacional", ha añadido Russell, según cita la agencia Europa Press.
Haití no tiene presidente desde que a principios de julio de 2021 un grupo de sujetos armados irrumpiera en su residencia oficial para asesinarlo. Poco después, Ariel Henry ascendió al puesto de primer ministro entre críticas y tras varios años de inestabilidad.
En marzo de este año presentó su dimisión tras la oleada de violencia que sacudió la nación caribeña. Desde entonces, se ha establecido un Consejo Presidencial de Transición de Haití, liderado por el que fuera máximo representante del Senado haitiano entre 1995 y 2000, Edgard Leblanc.
Este ha elegido al ex primer ministro Garry Conille (2011-2012) como nuevo jefe de Gobierno de transición. El objetivo es cubrir temporalmente el vacío político en una etapa que debería concluir con la celebración de elecciones en 2026, una década después de los últimos comicios.