En un contexto de alta inflación, pérdida del poder adquisitivo y contracción del empleo registrado, Argentina atraviesa una etapa crítica en materia laboral. El gobierno nacional impulsó, a través del DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Bases, una serie de reformas que afectan de manera directa el marco legal que regula las relaciones laborales.

En exlcusivo por la Nueva Nueve, el abogado laboralista Leonardo Elgorriaga, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas, el panorama es claro: "Se consolida un modelo de precarización que pone en jaque décadas de conquistas sociales".

Con tono crítico, el abogado describió un proceso de precarización estructural que se aceleró en los últimos tiempos, bajo el amparo de figuras como el monotributo y la nueva de "colaborador".

Uno de los ejes de la reforma laboral es la legalización de la figura del monotributista como trabajador dependiente encubierto. El nuevo régimen autoriza a las empresas a contratar hasta tres colaboradores en esa condición, incluso si realizan tareas idénticas a las de un trabajador registrado.

Este tipo de vínculo excluye a los trabajadores de derechos fundamentales como el acceso a paritarias, licencias pagas, indemnización por despido, y cobertura por accidentes laborales, "es una figura fraudulenta, que deja a los trabajadores por fuera del convenio colectivo y sin protección real" adviertió.

Otro de los aspectos graves de las reciente modificaciones es la derogación de las indemnizaciones por trabajo no registrado. Hasta ahora, si un trabajador lograba probar una relación laboral encubierta, accedía a compensaciones económicas por los perjuicios sufridos. Esta herramienta ya no existe, "todas esas indemnizaciones han sido derogadas" comentó el abogado, y en está línea remarcó que actualmente "si alguien demuestra que no era monotributista, que tenía horario fijo y tareas directivas, no hay reparación. Es una regresión de derechos"

En paralelo, surge los inconvenientes vinculados al banco de horas, -sistema de organización que le permite a las empresas reorganizar los horarios de los trabajadores y eliminar el pago de horas extras-, esta flexibilización, según Elgorriaga, afecta directamente a miles de personas que, para compensar la caída salarial, están trabajando más allá de su jornada habitual, "el banco de horas apunta a que las empresas no tengan que pagar recargos. Así, se legaliza el cambio unilateral de horarios y se vuelve más difícil para el trabajador organizar su vida" señaló. 

Si bien desde el oficialismo se plantea que la legislación laboral argentina es antigua y restrictiva, Elgorriaga sostiene que el problema no está en la norma sino en la ausencia de un modelo productivo que genere empleo genuino y registrado, "lo más urgente son cuestiones vinculadas con el aparato productivo, no tanto con la ley laboral. Si se modifica algo, debe hacerse en una dirección progresiva, que fomente el trabajo registrado, con derechos, bajo convenio" afirmó.

Según el abogado, el uso discursivo de la modernización laboral encubre un ajuste estructural, "se está utilizando la legislación laboral como excusa para solucionar una crisis económica, pero lo que se está haciendo es achicar la economía desde el lado de los trabajadores".

Una reciente situación que puso en evidencia esta tensión, fue la decisión del Gobierno de no homologar la paritaria del gremio de Comercio, uno de los más grandes del país. El acuerdo ya había sido cerrado entre las partes, pero fue frenado por el Ejecutivo por superar el tope de 1% mensual de aumento, "es gravísimo, el Estado aparece solo para frenar los acuerdos salariales cuando benefician al trabajador. Es una clara violación a la libertad sindical y a la negociación colectiva, principios protegidos por la Constitución" advirtió.

Finalmente, Elgorriaga explicó que desde el campo jurídico, existen herramientas para impugnar por inconstitucionalidad muchas de las reformas, especialmente aquellas que vulneran derechos fundamentales. El abogado considera que las acciones sumarísimas en el fuero laboral pueden ser clave: "Podría presentarse un recurso de inconstitucionalidad por la intromisión del Estado en acuerdos ya firmados. Es una intromisión que va contra la Constitución y los tratados internacionales que protegen a los trabajadores" concluyó.