El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo una reunión con representantes de bloques opositores "dialoguistas" para avanzar en el proyecto de ley de Ficha Limpia, iniciativa que pretende inhabilitar la candidatura de personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción.

Durante el encuentro, se acordó modificar el artículo redactado por el ministro Petri, el que fue rechazado por la oposición desde la firma del dictamen. La nueva redacción estipula que aquellos condenados en segunda instancia por causas de corrupción no podrán candidatearse si la condena es confirmada hasta 180 días antes de las elecciones generales, previstas para el 26 de octubre de 2025.

Según argumentan desde el oficialismo, este cambio responde a la necesidad de equilibrar la transparencia electoral con la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, para evitar posibles arbitrariedades en el proceso electoral. Además, la modificación tiene como objetivo dar mayor claridad a los procedimientos y asegurar que las y los candidatos no estén involucrados en casos de corrupción confirmados antes de las elecciones.

La sesión para debatir el proyecto está prevista para este miércoles a las 10 de la mañana, previamente se realizará una reunión de labor parlamentaria a las 9 con el fin de establecer ciertas disposiciones para el desarrollo de la misma. Se espera que el encuentro parlamentario sea agitado, con intensos intercambios de opiniones entre la oposición y el oficialismo.

El acuerdo que lograron establecer en la reunión de ayer establece que la confirmación de la condena en segunda instancia debe efectuarse antes del inicio del cronograma judicial electoral. El texto se remitirá al artículo 25 del Código Nacional Electoral, que hace referencia a los padrones electorales, y establece que la doble condena deberá ser confirmada hasta 180 días antes de las elecciones generales (que este año se celebrarán el 26 de octubre) para impedir una candidatura. 

Esto significa que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por causas de corrupción antes del 29 de abril de 2025 no podrán postularse en las elecciones legislativas de este año, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner.

Para aprobar la iniciativa, se requieren 129 votos en todos los artículos, ya que se trata de una ley electoral, por lo que, probablemente, el oficialismo logre reunir los votos necesarios. Sin embargo, un sector de los legisladores dialoguistas consideran a la iniciativa como una estrategia política de La Libertad Avanza y sostienen que el proyecto fracasará en la Cámara Alta.