Durante el 2024, un año clave en términos de historia agroalimentaria para la Argentina, la Secretaría de Agricultura aprobó 25 Organismos Genéticamente Modificados (OGM), un récord que marca un cambio significativo en la biotecnología del país. En solo 12 meses, el gobierno de Javier Milei autorizó un cuarto del total de los transgénicos aprobados desde 1997, acelerando los trámites y simplificando las evaluaciones ambientales y sanitarias. Sin embargo, este avance en biotecnología se dio en el marco del debilitamiento de políticas clave para la soberanía alimentaria y una mayor concentración en el mercado agroalimentario.

¿Qué son los transgénicos?

Los transgénicos son organismos cuyo material genético fue modificado mediante técnicas de ingeniería genética para introducir o alterar características específicas. Este proceso permite que se les agreguen genes de otras especies, mejorando o incorporando nuevas propiedades, como resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas, mayor valor nutricional o adaptación a condiciones ambientales adversas.

Por ejemplo, en el caso de los cultivos transgénicos, como la soja o el maíz, se pueden insertar genes de otras plantas, bacterias o incluso de animales para hacerlos más resistentes a insectos, enfermedades o a condiciones de sequía, o para que produzcan una mayor cantidad de alimentos.

El auge de los transgénicos y la caída de las políticas agroalimentarias

Desde la llegada de Milei al poder, la Secretaría de Agricultura perdió su estatus ministerial y pasó a depender del Ministerio de Economía. Este cambio reflejó una reorientación de las prioridades del gobierno, con una clara apuesta por el agronegocio. En 2024, se aprobaron 19 microorganismos modificados para la producción de bioetanol y vacunas biotecnológicas, junto a seis nuevos cultivos transgénicos (dos de soja y cuatro de maíz). Esta aceleración en la biotecnología contrasta con el desmantelamiento de políticas de apoyo a la agricultura familiar y la agroecología.

Programas fundamentales como Pro Huerta, que durante más de tres décadas brindó apoyo a familias, escuelas y comunidades con insumos y capacitación para la producción de alimentos, fueron eliminados. Además, la Comisión para la Agricultura Familiar del SENASA fue disuelta, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sufrió una serie de despidos masivos y la venta de su histórica sede en Palermo. Estas medidas dejaron a pequeños productores y comunidades rurales sin respaldo, debilitando aún más la agroecología en el país.

Inflación y acceso limitado a alimentos

Las políticas adoptadas por el gobierno también impactaron negativamente en el acceso a los alimentos. Entre noviembre de 2023 y julio de 2024, según un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Rosa Luxemburgo sobre la caída del consumo de alimentos en supermercados y autoservicios mayoristas el consumo de alimentos cayó un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas. 

El estudio detalla que los alimentos que más cayeron en consumo fueron las bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%) y frutas y verduras (7%). Mientras tanto, Argentina encabezó el ranking mundial de inflación en alimentos, con un aumento de precios del 128% en solo ocho meses. El precio de un guiso se disparó un 151%, y preparar una taza de mate cocido con leche y pan costaba un 147% más.

¿Quién se beneficia de este modelo?

En este contexto, las grandes corporaciones agroalimentarias y agroexportadoras fueron las principales beneficiarias. Según un informe del CELS y la Fundación Rosa Luxemburgo, en el primer año de gestión de La Libertad Avanza, las grandes empresas alimentarias aumentaron sus ganancias en un 1.300%, mientras que las agroexportadoras vieron un incremento de hasta el 4.900%. La eliminación de las retenciones a las agroexportadoras en 2025 consolidará aún más este modelo, favoreciendo a unas pocas grandes empresas en detrimento de los consumidores y pequeños productores.

Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) advierten sobre las consecuencias de este rumbo. "Las familias productoras que apostamos por la agroecología hemos reducido los costos entre un 60% y 70%, lo que nos permite mejorar nuestras unidades productivas y ofrecer alimentos a precios más justos", comentó Juan Amador, referente del Consultorio Técnico Popular (CoTePo), durante el Congreso de Agroecología de Buenos Aires en noviembre de 2024.

El reto de una transición hacia la soberanía alimentaria

En el marco de una crisis económica y climática, garantizar el acceso a alimentos saludables y producidos localmente es más urgente que nunca. Sin embargo, mientras el modelo extractivista continúa su avance sin regulación, los pequeños productores y los consumidores se enfrentan a un panorama cada vez más difícil.

¿Es posible construir una alternativa que garantice la soberanía alimentaria y promueva la agroecología? La respuesta dependerá de las decisiones políticas en los próximos años y de la resistencia de quienes continúan en lucha por una producción más sostenible y un acceso equitativo a los alimentos. La transición hacia un modelo agroecológico es posible, pero exige una firme voluntad política y el fortalecimiento de las políticas públicas que apoyen a los pequeños productores y promuevan una alimentación saludable y accesible para todos.