El juez federal Ariel Lijo ordenó la captura internacional con fines de extradición del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, su vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, y otros 16 imputados para ser indagados en Argentina por graves violaciones de derechos humanos, en base al principio de justicia universal.
El magistrado firmó este lunes por la tarde una resolución de 76 carillas en la que requirió la captura internacional con fines de extradición para recibir declaración indagatoria de Ortega, Zambrana Murillo y los demás acusados para ser indagados por "graves violaciones contra los derechos humanos que se le atribuyen", según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Según la prueba reunida en el expediente abierto en agosto último por la denuncia de los abogados Diego Pirota y Darío Richarte, se trata de violaciones a los derechos humanos "en las cuales habrían tenido participación altas autoridades de la República de Nicaragua".
"Al respecto recuérdese que el plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado", advirtió el juez.
Lijo también mencionó que "las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no fueron respondidas".
En la causa se documentaron persecuciones por motivos religiosos, a comunidades aborígenes, detenciones de periodistas.
A la hora de detallar la acusación, el juez Lijo adelantó que en base a lo requerido por la fiscalía y la querella se imputará "haber llevado a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la República de Nicaragua, cuyo objeto era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes".
Para ello, "se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en los roles institucionales que tenía cada uno de los intervinientes", añadió la resolución.
En el marco de este plan "se realizaron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura
mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la
nacionalidad".
Para el juez, se montó un "plan generalizado y sistemático" que fue "estructurado en distintas etapas, en cuyo marco de suscitaron las conductas señaladas" y que empezó entre abril y junio de 2018, con la represión de diversas protestas sociales en Nicaragua.
