El Ejecutivo provincial, con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, envió a la Cámara de Senadores los candidatos a ocupar tres bancas de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. 

Una vez superado el acuerdo de la Asamblea Legislativa, el máximo tribunal completará los siete miembros.

Producto de las renuncias de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, sumadas a la ampliación de seis a siete del número de integrantes del máximo tribunal, durante la última semana se aceleró la definición de los pliegos para las tres vacantes.

El comunicado que cuenta con la firma del gobernador, acompañada de la frase "gobernador de la invencible" indica: "Por la presente comunico que conforme a lo dispuesto en el Decreto 18/2007 y su modificatorio se da inicio al procedimiento de la cobertura de los cargos vacantes de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe". A continuación figuran los nombres de Jorge Camilo Baclini DNI 18.193.585, Margarita Elsa Zabalza, DNI 28.101.193; Ruben Luis Weder DNI 13.576.875.

¿Cuáles son los nombres para la Corte Suprema?

Jorge Camilo Baclini, cuenta con dos doctorados, es autor de trabajos académicos, fue juez, fiscal regional y extitular del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Fue uno de los primeros nombres que se deslizó ante una eventual renovación de la Corte. Se trata de un candidato que el propio gobernador valora por su trabajo en el MPA que fue coincidente con sus años al mando del ministerio de Seguridad.

El nombre de Ruben Luis Weder fue impulsado por Omar Perotti tras el acompañamiento clave de su bloque Hacemos a la reforma constitucional que impulsó Unidos. Fue durante años relator de la Corte y, luego fiscal de Estado durante la gestión perottista.

Luego de algunas tensiones con el socialismo, se aceptó la candidatura de Margarita Zabalza, quien cuenta con otro recorrido, es especialista en Derecho Tributario, secretaria Académica en Derecho de la UNR y exsubsecretaria de Delitos Económicos en el gobierno de Miguel Lifschitz.

Durante 15 días hábiles se abrirá una ventana para objeciones por parte de la ciudadanía en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y/o de Derechos Humanos. 

Si no hay tales objeciones, el Ejecutivo enviará los pliegos formales a la Asamblea Legislativa para el nombramiento respectivo, a los fines del acuerdo.