Avanza la investigación contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, a quien esta semana la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura le negó la prórroga del plazo para formular respuesta por las cuatro denuncias en su contra. La principal acusación lo vincula con el capo narco Esteban Alvarado. De esta manera, el magistrado deberá prestar declaración antes de que finalice el año.

El juez también había pedido que uno de los casos se suspenda por la supuesta falta de entidad de las denuncias. El pasado miércoles le fue denegada la solicitud por el órgano que evalúa la conducta.

Bailaque deberá responder a los cargos en los casos pendientes y luego se prevé que sea citado a una audiencia que funciona como una instancia de indagatoria en el primer trimestre de 2025. Luego la Comisión deberá dictaminar si corresponde o no el juicio político al magistrado.

La denuncia más relevante es la que llevan los fiscales Matias Edery y Luis Shiappa Petra, quienes pidieron que se estableciera si Bailaque entorpeció investigaciones ligadas al narcotráfico relacionadas con Alvarado, al diferir por diez meses medidas requeridas por un fiscal federal en 2014. Según la investigación, ese funcionario había acumulado evidencia de que el señalado narco tenía protección policial, posteriormente probada en el fuero santafesino, con condenas a policías y al propio capo narco.

Además, la diputada provincial Lionella Catallini denunció que Alvarado y Bailaque compartían contador (Gabriel Mizzau) y que además su hijo (Sebastián Mizzau) trabajaba en el juzgado de Bailaque. El juez también afronta una acusación desde la fiscalía general de Córdoba por falta de acción en una causa abierta contra una empresa cerealera por evasión de impuestos. 

Por último, Bailaque deberá responder por denuncia de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario por “presuntos delitos” luego de haber allanado el despacho del magistrado y otras dependencias impositivas provinciales hace casi un mes.