El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha confirmado la muerte de 27 personas en hechos violentos relaciones con las protestas postelectorales y ha afirmado que ninguna de ellas es "atribuible" a las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. 

Según ha indicado en la reunión del cuerpo diplomático en la sede del Ministerio de Exteriores, el Ministerio Público tiene 180 vídeos que comprometen a las personas que actuaron en contra de civiles y de instituciones del Estado, incluidas una veintena de escuelas y una decena de sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), tal y como ha recogido el portal de noticias venezolano Globovisión, citado por la agencia Europa Press.

"Nosotros hemos demostrado la verdad con pruebas y los adversarios al Estado venezolano, a la paz y la democracia han mostrado no solo mentiras, sino que también se han burlado de las víctimas que ellos mataron, que ellos instrumentalizaron matar. 

No solo fueron 27 asesinados, sino 190 heridos en un lapso de un día y medio, y aproximadamente 100 son miembros de los cuerpos policiales y militares heridos por estos criminales, delincuentes", ha manifestado. 

Así, ha sostenido que "de todas las víctimas el 70 por ciento fueron asesinadas por grupos delincuenciales. Ninguno atribuible a cuerpos de seguridad del Estado, ninguno atribuible a funcionarios civiles o militares o policiales vinculados al Estado. Porque no tenemos una sola denuncia", ha agregado. 

Saab ha señalado que el país está viviendo una "guerra híbrida" que incluye "intentos de golpe de Estado, embriones de guerra civil, masificación serial de sanciones para producir migraciones, éxodos masivos de personas producto de las sanciones, guerra judicial impuesta a través de golpes institucionales". 

Según los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, obtuvo cerca del 52 por ciento de los votos en las elecciones del 28 de julio, si bien la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González. 

La comunidad internacional ha pedido desde entonces transparencia y la publicación de las actas.