— Prensa Defensoria del Pueblo
La Defensoría del Pueblo y 40 entidades firmaron 10 compromisos para prevenir la violencia de género digital.
“La violencia de género no tiene más lugar en nuestra sociedad y desde la Defensoría consideramos que este es el momento para unirnos y erradicar de raíz esta problemática creando espacios digitales amigables en los que todas las voces sean respetadas”, afirmó el Defensor del Pueblo a/c, Jorge Henn, al presidir la firma de un documento al respecto.
En el documento se señala que el mismo “se alzará como hoja de ruta de acciones conjuntas entre los organismos públicos y privados para prevenir la violencia de género de la que son victimas las mujeres por su condición de tal a través de los medios digitales. Es abierto y esperamos que muchos otros espacios se sumen”.
Henn estuvo acompañado de la subdirectora del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) y de la responsable del Area de Ciberdelitos de la Defensoría, Marisa Boeri y Soledad Martínez, respectivamente, y asistieron parte de los 40 firmantes del documento -desde el MPA a gremios o clubes de futbol- que buscará traducirse en capacitaciones, talleres y otras iniciativas destinadas a cumplir sus objetivos, de concientizar, prevenir y asistir a mujeres que padezcan algunas las causales que la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Nº 26.485) contempla, aunque haciendo hincapié en la que se ejerce actualmente a través del uso de los medios informáticos.
Gran parte de la actividad laboral, profesional, familiar y social es hoy atravesada por el uso de redes, mensajerías y demás opciones conque la informática a irrumpido en la vida cotidiana de todas las personas. También es un medio por el que se ejerce violencia contra las mujeres en diversas formas.
La mencionada ley de referencia en su artículo 4 precisa que es “violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, qué de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
La carta firmada promueve 10 puntos específicos: