Tres fueron los puntos claves en la segunda jornada de uno de los  juicios más emblemáticos que se hayan realizado en la Justicia santafesina: el proceso de la causa 912/13, las objeciones a la figura de asociación ilícita, las críticas a la Fiscalía por un pedido anticipado de penas que  fue tachado de “desmesurado e injustificado” entre otras calificaciones y, por sobre todo, la instrucción de la causa en manos del juez Juan Carlos Vienna.

En un día bastante más tranquilo que el vivido en la primera audiencia del pasado martes, y signado por la oratoria de los defensores que desarrollaron los alegatos de apertura, luego de que  la Fiscalía hiciera lo propio en el día de ayer, el magistrado que instruyó la causa desde sus orígenes fue el blanco casi absoluto de las alusiones a la nulidad por un proceso que habría estado viciado desde sus orígenes. De igual forma, una y otra vez se aludió a las injerencias políticas sobre la misma, así como la necesidad de crear un enemigo público que aplacara las críticas que se multiplicaban contra el gobierno provincial por su inacción contra la creciente  violencia urbana que se venía  sufriendo en la ciudad y las repetidas acusaciones de complicidad contra el narcotráfico que se replicaban sin cesar en todos los medios de comunicación del país.

Sobre estos puntos versaron la mayoría de los alegatos de los defensores de los 25 imputados, además de que, en cada caso en particular, los defensores se explayaron en sus  agravios imputado por imputado, con los detalles de cada caso, pero, en su gran mayoría,  coincidiendo en que la tipificación penal del delito de asociación ilícita no tiene los elementos para encuadrarse en el artículo 210 del Código Penal y en que las penas pedidas no fueron fundamentadas como corresponde y son desmesuradas. En varios casos, los defensores pidieron, lisa y llanamente, la absolución, como en el caso de Lorena Verdún, Francisco Lapiana, Agustín Ruiz, Silvana Gorosito,  Ángel Avaca, Eduardo Enriquez, Roberto Otaduy, Gustavo Pereyra, entre otros.

La teoría del fraude a la imparcialidades y el huevo de la serpiente

“La familia Cantero fue elegida como un enemigo público y estigmatizada de esa forma por los medios de comunicación y por el poder político”, disparó Fausto Yrure, integrante del equipo de la defensa de Ramón Machuca y Ariel Máximo Cantero, padre e hijo, junto a Carlos Varela y Carlos Edwards.

En su alegato, tanto en el general, como en los particulares, Yrure cargó contra el poder político y contra el juez Vienna. El letrado enfatizó que para la defensa, la teoría sería la del “fraude a la imparcialidad”. Y esa teoría se funda en que el  juez, el único juez que instruyó toda la causa, Juan Carlos Vienna estuvo a cargo de la totalidad de la investigación, allanamientos, escuchas, prisiones preventivas, órdenes de arrestos. Sin embargo, toda esa instrucción estuvo viciada desde los orígenes.

Por su parte, Carlos Edwards señaló que “la causa instruida por Vienna se convirtió en la respuesta política a las acusaciones contra las autoridades de su falta de acción para combatir la violencia ciudadana”. Y recordó que ese fue el escenario en el que Vienna inició la investigación por el homicidio de Martín Paz, y que en un giro “mágico” de la causa, esa investigación por homicidio se convirtió, a partir de una extraña investigación de la División Judiciales de la policía de Sante Fe, que atribuían a Machuca ese homicidio,  en una investigación sobre una banda de sicarios que no le correspondía ni por turno, ni por competencia. 

“La muerte de Paz es el huevo de la serpiente”, dijeron los abogados, y el comienzo de una investigación que, a todas luces, en una verdadera “metamorfosis jurídica”, derivó en un accionar ilegal, como fueron las escuchas telefónicas que ameritan la absoluta nulidad de la misma, porque toda la causa se cimenta en esas escuchas ilegales.

La otra pata de la imparcialidad del juez Vienna, señaló Edwards, es la relación del magistrado con el padre de la víctima de ese homicidio, Luis Paz. con quien sostuvo que “está probado que compartieron dos viajes a Estados Unidos entre abril y diciembre de 2013. Apenas 11 días después del regreso de ese primer viaje, se produjo el homicidio de Claudio  Ariel Cantero. Y coincide también que,  cinco días después del regreso, Vienna ordeno múltiples medidas y allanamientos cnntra la familia Cantero.

De un momento a otro, Claudio Cantero , que constaba en el expediente había estado presente  en el lugar en que Paz fue asesinado, junto a su mujer y hermana de  Martín, Mercedes Paz,  y que ofició de testigo de la actuación policial,  se convirtió en el responsable de un homicidio por el que nunca había sido investigado, él y todas su familia.

Incongruencias

De incongruentes acusaron los defensores a los fiscales, a uno de ellos en particular, Fernandez Bussy, cuando se refirieron al juicio abreviado del 2014, en el que por ejemplo, “Monchi” Cantero iba a recibir 7 años, a quien ahora se le pidió 41 años de prisión. Por otro lado, señaló Carlos Varela, para Ariel Máximo Cantero (padre) se había pensado la absolución en ese mismo proceso, y ahora le piden 24 años como jefe de la organización.

De igual forma todos los defensores coincidieron en las múltiples injerencias del poder político en la causa, que pareciera haberse instruido a la medida de un gobierno que, en ese momento, necesitaba dar una demostración de fuerza.

De igual forma aprovecharon para criticar al ministro Silberstein y al ministro Pullaro por sus declaraciones, recordando la debida independencia del Poder Judicial del Poder Político.

Fuente: Conclusión.