El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje.

Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda.

Lo primero que asoma es una nueva Constitución, que cruza el espectro político desde el Frente Amplio hasta algunos sectores de Chile Vamos. La cuestión es cómo y quién la hace.

A una maratónica sesión de cinco horas fueron convocados para este lunes los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El objetivo de la cita es debatir y consensuar un mecanismo que permita la redacción de una nueva Carta Fundamental que tome en cuenta los cambios estructurales que se han visto reclamados estos días.

La instancia que preside el diputado DC Matías Walker se fijó como propósito escuchar en un solo día -desde las 14.30 hasta las 19 horas- a abogados constitucionalistas y a diversos actores políticos y sociales que les ayuden a concordar y refundir en un solo texto los cinco proyectos que ya existen sobre la materia.

La idea es votar, a más tardar el martes 5, “un camino institucional y democrático, mediante un proceso constituyente radicado en la ciudadanía, que permita dar una salida a la grave crisis de legitimidad y al desplome completo de todo el sistema político”, según describe el diputado PS Leonardo Soto.

Reactivar el proceso constituyente fue una idea que se abrió a fines del gobierno de Michelle Bachelet, y que quedó congelado en los últimos años, pero tomó fuerza en los partidos de oposición el viernes de la semana pasada, luego de la masiva concentración que reunió a cerca de 1,2 millones de personas solo en Plaza Italia.

Una movilización que, según reconoció el gobierno, marcó un “antes y un después”, y que tuvo lugar pese a los esfuerzos de La Moneda por descomprimir la crisis, que incluyeron un giro en favor del diálogo y el anuncio de un paquete de 15 medidas -la llamada “agenda social”- que hizo el Presidente Sebastián Piñera la noche del martes 22 de octubre.

Los puntos de la agenda, sin embargo, no fueron interpretados como cambios significativos, capaces de satisfacer las diversas demandas ciudadanas. A partir de ese momento, algunos parlamentarios de oposición comenzaron a desempolvar los diferentes proyectos que se han presentado para cambiar la Carta Magna, que no concitan consenso al interior de los partidos y menos aún entre los bloques opositores.

En paralelo, senadores y diputados redactaron nuevas iniciativas, haciendo aún más engorrosa la discusión y complicando un posible entendimiento. Fue tal la confusión, que el martes 29, los jefes de ambas cámaras, el senador PPD Jaime Quintana y el diputado DC Iván Flores, junto a los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado, Felipe Harboe, y la Cámara de Diputados, Matías Walker, debieron reunirse para definir dónde y cómo quedaría radicada la discusión legislativa.

Antes de esa cita, eso sí, Walker jugó una carta que terminó inclinando la balanza en favor de los diputados. Puso en tabla para la sesión siguiente el debate sobre los proyectos que ya estaban circulando, aprovechando que la Cámara había votado en general el texto enviado por el gobierno de Bachelet, en abril de 2017, para modfiicar el capítulo XV de la Constitución.

Dicha reforma establece un mecanismo para modificar completamente la Carta Fundamental a través del una convención constituyente, cuyos miembros deben ser establecidos por el Parlamento mediante una ley orgánica constitucional.

La decisión de establecer una convención constituyente debe ser aprobada por 2/3 de los legisladores en ejercicio. Actualmente, esa cifra es difícil de alcanzar sin el respaldo de algunos parlamentarios de Chile Vamos. Y, hasta ahora, el gobierno no se ha mostrado dispuesto a abrir esa compuerta.

En caso de aprobarse este mecanismo, tanto sus miembros como su organización y funcionamiento, igualmente deben ser ratificados por 4/7 de los parlamentarios en ejercicio.

El pasado martes, durante el primer consejo de gabinete, justo tras el cambio ministerial, el Presidente Piñera insistió en la estrategia implementada por La Moneda para hacer frente a la crisis: priorizar el control del orden público, avanzar en la “agenda social” y fortalecer los diálogos ciudadanos como vía para escuchar y jerarquizar las demandas de los chilenos.(La Tercera/Nodal.am)