Pocas horas antes de que se cumplan los seis años de la explosión que conmovió al país y dejó 22 personas fallecidas, decenas de heridos e innumerables pérdidas materiales, se conocieron los fundamentos del juicio que finalizó con la condena del gasista que trabajó hasta minutos antes de la explosión en el edificio de Salta 2141, siendo el único condenado entre los once imputados. 

Para los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva, la explosión del 6 de agosto de 2013 “configuró una tragedia sin precedentes en la historia de nuestra ciudad” y fue causada por "la indebida manipulación por parte del gasista del sistema de regulación, cuando intentara trabajar con la válvula de media presión abierta”.

El fallo, también detalla lo que el tribunal consideró "prueba insuficiente", en cuanto a los demás acusados: José Luis Allala (gasista que hizo un trabajo previo en la torre); Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli (responsables de la administración del edificio); Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño (reclamistas de Litoral Gas); Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas); Viviana Leegstra (gerenta técnica de Litoral Gas); Pablo Miño (ayudante de García).

La condena, que se conoció el 2 de julio pasado, tiene ahora más de 700 páginas de argumentos en contra de García y a favor de la absolución de los otros diez procesados.

Sobre el personal de Litoral Gas, los magistrados expresaron que "las sanciones (administrativas) fueron impuestas a la distribuidora"; y consideran que "luce incorrecta, según la estructura de la empresa, la asignación del rol de «garantes» a dichos empleados jerárquicos". Tampoco consideran que se haya probado "que Claudio Tonucci (jefe de redes) y/o Viviana Leegstra (gerenta técnica), de manera personal y directa, le hayan impartido directivas acerca de cómo proceder a (los inspectores) Bolaños, Oller y Curaba)", que trabajaron en días previos en el lugar.

En tanto, sobre Bolaños, el gasista Allala, el ayudante de García, Oller y Curaba, señalaron que no hay pruebas sobre su supuesta contribución a la tragedia, pese a las acusaciones de la Fiscalía y la querella. Tampoco hay elementos contra los administradores del edificio: "Las probanzas arrimadas no permiten acreditar fehacientemente conductas u omisiones desplegadas, que puedan considerarse violatorias de su deber de cuidado".

Fuente: Rosario3