La medida se encuadra dentro de una revisión de los préstamos otorgados en 2023 por el gobierno de Alberto Fernández denominados "Créditos ANSES" para trabajadores en relación de dependencia dado que, según afirman, "existía una significativa diferencia en el Costo Financiero Total, expresado en Tasa Efectiva Anual".

Desde el gobierno sostienen que esta línea de créditos "se ofreció con una Tasa Nominal Anual del CINCUENTA POR CIENTO (50 %), mientras que la inflación anual registrada fue del DOSCIENTOS ONCE COMA CUATRO POR CIENTO (211,4 %)", y en este sentido añadieron que "ofrecer créditos a tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios de dichos créditos, en detrimento de los activos del FGS".

Asimismo remarcaron que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad "no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para garantizar la sustentabilidad del referido Sistema", por lo que "sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor".

El decreto plantea que "el otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado" por lo que ordena "suprimir la facultad de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) de otorgar y gestionar créditos".

La ordenanza dispuesta por el gobierno de Milei se encuadra dentro de las facultades que le otorgó la ley Bases para modificar competencias de organismos "que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente".