El fiscal federal Federico Delgado presentó una denuncia en el fuero penal económico para que se investigue el aumento de precios en alimentos y otras mercaderías desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus, el 20 de marzo pasado.

Delgado realizó una investigación preliminar y en base a los resultados, radicó ahora la denuncia ante la Cámara en lo Penal Económico, según el escrito al que accedió Télam.

El fiscal federal pidió investigar la posible comisión de un delito previsto en el artículo 300 del Código Penal de la Nación que prevé seis meses a dos años de prisión a quien "hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado".

Delgado evaluó que "no todos los oferentes y no todos los demandantes concurren a esa interacción de una manera análoga" y dijo: Hay posiciones más fuertes que otras a la hora de ofrecer que lógicamente le quitan capacidad de acción a quienes demandan los productos".

El fiscal aludió a presuntas maniobras de cartelización "que se traducen en alzas de precios producto de coaliciones entre empresarios o derivadas de una suerte de pánicos morales que emergen en situaciones crisis sociales como las que produjo, y está produciendo, la pandemia".

"Las inspecciones de la Secretaría de Comercio y las de quienes administran el Mercado Central no explican la hechura de las ofertas de alimentos. No se sabe como forman precios los grandes actores. Que quede claro, no se pone en tela de juicio la tasa de ganancia. No. La duda estriba en establecer si los precios se fijan por coaliciones que apuntan aumentar los precios desde posiciones dominantes, de manera artificial y a veces mediante la difusión de noticias falsas", agregó.

En la investigación preliminar, Delgado sostuvo que "recopiló información, se requirieron informes a los organismos públicos, se trazó un panorama legal que distingue las zonas administrativas propias del ejecutivo y las que corresponden al sistema judicial".

También evaluó que no se sabe "por qué suben los precios, no hay razones aparentes y la autoridad que interpreta la ley de defensa de la competencia no brindó explicaciones".

La denuncia remitida al fuero penal económico deberá ahora ser sorteada para su investigación en un juzgado de primera instancia.

Fuente: La Voz