El sacerdote Néstor Monzón fue condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante contra un niño de un año y una niña de tres, en hechos denunciados hace cuatro años cuando estaba al frente de la parroquia María Madre de Dios.

La sentencia estuvo a cargo de los jueces Claudia Bressán (presidente), Santiago Banegas y Martín Gauna Chapero, que lo juzgaron por los abusos y por haber contagiado a la niña de una enfermedad venérea.

Los fiscales del caso fueron Alejandro Rodríguez y Juan Marichal y los querellantes, Andrés Ghio, Andrés Ramseyer y Luciana González.

Por su parte, el abogado defensor del cura fue Ricardo Degoumois, quien había considerado que no había sido probada la responsabilidad de su cliente y  había pedido la absolución por considerarlo inocente o, en su defecto, por el beneficio de la duda.

En la última audiencia previa a la sentencia, desarrollada el lunes, los jueces escucharon los testimonios de la madre de la niña, del padre del niño, y del acusado.

Monzón fue enjuiciado como autor de abuso sexual de dos menores de edad, con consecuencias gravemente ultrajantes y agravado por producir un grave daño en la salud de la niña y por ser ministro de un culto religioso reconocido.

Las víctimas

Luego de conocer la sentencia, el fiscal Rodríguez manifestó su conformidad con la decisión del tribunal y valoró que la sentencia haya sido dispuesta por unanimidad. Por otra parte, en relación a la absolución del abuso calificado por el daño a la salud de la niña menor de edad, el fiscal adelantó que “aguardaremos los fundamentos del fallo para analizar los pasos a seguir”.

“Quiero agradecer al equipo de trabajo y al fiscal Marichal. Hicieron una gran tarea y los resultados están a la vida”, destacó el funcionario del MPA.

Rodríguez también se refirió a las víctimas y a sus familias. “Ellos experimentaron y sufrieron en carne propia insultos y escraches por haberse animado a enfrentar esta situación”, remarcó.

En cuanto al monto de la pena resuelto por los jueces, el fiscal del MPA sostuvo que “si bien habíamos solicitado 12 años de prisión, el monto de 16 años -pedido por los querellantes- era una de las posibilidades en un delito cuya escala penal va desde los ocho años como mínimo y hasta los 20 de años de prisión como máximo”. 

En tal sentido, agregó que “el tribunal entendió que lo justo eran 16 años y no tengo objeciones para ello”.

Consultado acerca de posibles apelaciones a la sentencia, Rodríguez advirtió que “estamos preparados para continuar litigando ante todos los recursos que puedan ser presentados. Estamos preparados para ir a donde haya que ir”.

Rumores

“A pesar de todas las cosas que se dijeron, desde la Fiscalía seguimos trabajando y acá están los resultados”, afirmó el Fiscal Regional, Rubén Martínez. “Queda absolutamente claro que nuestro trabajo tenía fundamento y logramos resultados”, agregó.

También se refirió a las víctimas y a sus familias: “Fueron muy valientes y es muy importante remarcarlo. No es fácil tomar la decisión que tomaron ellos de avanzar con un proceso de este tipo”. 

Asimismo, reivindicó el rol de la Iglesia como institución y dijo que “siempre se mostró predispuesta a colaborar en lo que le solicitáramos para avanzar en la investigación de lo ocurrido”.

Por último, el Fiscal Regional felicitó al equipo de trabajo y a los abogados querellantes. “Hicieron un excelente trabajo y hoy quedó demostrado no sólo por la sentencia, sino también por el desarrollo mismo del juicio. Además, quedó en evidencia que había gente que creía que tenía la verdad absoluta y no es así”, concluyó.

Prisión preventiva

Rodríguez explicó que “si bien el condenado no quedó privado de su libertad, en los alegatos de clausura solicitamos que se trate de forma inmediata la prisión preventiva. Entendemos que ya hay una sentencia de un tribunal de primera instancia que dispuso algo concreto, por lo tanto, se incrementa el riesgo de fuga”. 

El fiscal recordó que “ya pedimos a la Oficina de Gestión Judicial que ordene de forma inmediata una nueva audiencia para solicitar la prisión preventiva”.

Delito agravado

“Los abusos que investigamos fueron cometidos entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre de 2015 en una casa perteneciente a la diócesis de Reconquista –en la que vivía el acusado– ubicada dentro del predio de la parroquia ‘María Madre de Dios’. 

En esta sede religiosa, el hombre investigado cumplía funciones como sacerdote”, precisó el fiscal. “Las víctimas fueron una niña y un niño muy pequeños, a quienes no sólo sometió sexualmente, sino que también hizo que se observaran mutuamente mientras eran abusados”, agregó.

Rodríguez se refirió a las agravantes del delito atribuido al acusado. En relación a su condición de ministro de un culto religioso, el funcionario del MPA sostuvo que “se debe a que, al momento de los ilícitos, NFM cumplía funciones como sacerdote”.

En relación a la calificación por el daño a la salud provocado en la niña abusada, Rodríguez dijo que “aguardaremos los fundamentos de los jueces para analizar los motivos que los llevaron a resolver en ese sentido, y para estudiar los pasos a seguir”.

 Denuncia

“La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por la madre de la niña abusada. La mujer se presentó el 23 de diciembre de 2015 en el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de la Unidad Regional IX de la policía provincial y dejó constancia de lo ocurrido”, informó el fiscal.

Rodríguez sostuvo que “ni bien se nos informó de la denuncia, junto al fiscal Rubén Martínez ordenamos la realización de diversas diligencias, testimoniales y pericias. También se entrevistó en cámara Gesell a la niña, ya que con el niño no se pudo concretar”. 

El fiscal también reconoció que “hubo que presentar numerosos escritos y participar de una gran cantidad de audiencias a raíz de las recursos interpuestos por los distintos abogados defensores que tuvo el acusado”.

Querellantes

Los padres y las madres de ambos niños se constituyeron como querellantes. Los abogados que representaron al padre y a la madre de la niña fueron Andrés Ghio y Andrés Ramseyer. En tanto, en representación del papá y de la mamá del niño lo hicieron los abogados Luciana González.

El caso

La denuncia fue realizada el 23 de diciembre de 2015 por la madre de la niña, que pertenece a una familia cercana a la parroquia donde se desempeñaba Monzón y que solía colaborar allí.

La víctima, que es prima del niño involucrado en la denuncia, contó los abusos del cura en cámara Gesell y voceros del caso señalaron que siempre mantuvo sus dichos y que fueron coherentes.

El agravante citado por los fiscales es, en el caso de la niña, haber sido diagnosticada de virus del papiloma humano (VPH) durante 2016.

Al momento de las denuncias Monzón era párroco en María Madre de Dios y vicepresidente de Cáritas Reconquista, entre otros cargos y responsabilidades.

El cura está suspendido en el ejercicio del sacerdocio y sometido a un proceso canónico por parte de la Iglesia Católica, del que no se informaron detalles.

La única comunicación eclesiástica data de abril de 2016, cuando el obispado de Reconquista indicó que Monzón fue suspendido por el obispo Ángel Macín de todos los cargos y oficios que desempeñaba en virtud de las graves acusaciones que pesaban en su contra.

Con información de la Agencia Télam / Prensa MPA