La Justicia de Santa Fe confirmó en segunda instancia una condena de prisión efectiva por fraude a dos funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) por utilizar fondos públicos para comprar combustible para fines particulares, informó hoy el Ministerio Público de la Acusación.

El organismo indicó que el Tribunal de Segunda Instancia de la ciudad de Vera ratificó la condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo impuesta en 2017 al jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes de la DPV (Zona 1 Reconquista), Delfino Andrés Scarel, y al jefe de la Zona 1 Reconquista de la DPV, Osvaldo Sánchez.

De esa forma, el tribunal formado por los camaristas José Mántaras, Eduardo Bernacchia y Roberto Reyes le dio la razón al juez Mauricio Martelossi, de Reconquista, quien además de la condena a prisión resolvió una inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos tanto para Scarel como para Sánchez.

La condena impuesta a Scarel (67) fue por ser coautor del delito de fraude a la administración pública y como autor de los delitos de falsificación de documento, falsificación ideológica de documento, y uso de documento falso o adulterado, todo en concurso ideal.

Sánchez (60), por su parte, fue condenado como coautor del delito de fraude a la administración pública. y autor de los delitos de uso de documento falso o adulterado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso ideal.

La sentencia del tribunal de segunda instancia también confirmó la absolución que se había ordenado para Aldo Mian (61), un delegado gremial a quien el fiscal Rubén Martínez había imputado como autor de encubrimiento de los delitos cometidos por los dos funcionarios de la DPV.

Corrupción

“Estamos ante un caso de corrupción, de ahí la importancia que tienen tanto la condena en primera instancia como esta confirmación en segunda instancia”, sostuvo el Martínez.

 “Si bien los camaristas rechazaron nuestras pretenciones en cuanto al monto de la pena, resolvieron confirmar los tres años de condena impuestos a cada uno de los condenados”, agregó.

La investigación del caso fue iniciada por Martínez a raíz de una denuncia realizada el 6 de abril de 2015 por Javier Ruiz Díaz –también empleado de DVP– en la Unidad Fiscal Reconquista. 

“De las pruebas contables llevadas a cabo, se pudo establecer que se usaron fondos públicos para pagar combustibles que nunca llegaba a los campamentos de Vialidad. Se le daba otro destino, pero el pago se hacía con partidas asignadas a Vialidad”, detalló el fiscal.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación también señaló que "ante el conocimiento de que su maniobra había sido descubierta, Scarel compró 1.300 litros de gas oil (la misma cantidad que la indicada en tres vales adulterados) con dinero propio y lo envió a los campamentos sin que éstos lo hubiera siquiera requerido”. 

Martínez también detalló que “por el cargo que tenía en Vialidad, Scarel era quien realizaba los concursos de precios para la compra de combustible y desde el año 2006 ganó siempre la misma empresa”.

En relación a Sánchez, el fiscal dijo que “era quien autorizaba los pagos de las facturas por consumo de combustibles y firmaba los cheques. Eran maniobras coordinadas destinadas a lograr un mismo objetivo: fraude al Estado", concluyó Martínezinstancia”, sostuvo el fiscal Martínez.

Fuente: NA / Prensa MPA