Con los alegatos de cierre de la fiscalía se iniciará hoy la última etapa del juicio oral y público que busca determinar las responsabilidades por la explosión del edificio de calle Salta 2141, el 6 de agosto de 2013. Once personas están procesadas por el delito de estrago culposo agravado por las muertes (hubo 22 víctimas fatales) entre las que se encuentran dos gasistas que trabajaron en el lugar, los administradores de consorcio e inspectores y personal jerárquico de Litoral Gas. 

Con excepción del primer gasista, que trabajó en el lugar once días antes de la tragedia, la Fiscalía pidió cinco años de prisión efectiva para el resto de los procesados. Algo que no comparte la querella, que representa a la familia de Débora Gianangelo (víctima fatal), y que solicitó la misma pena de prisión para los once procesados.

El tribunal que integran Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva escuchará a partir de hoy, a las 9, los alegatos de cierre del equipo de fiscales que comanda Graciela Argüelles. Será el vigésimo día de audiencia en este juicio que se encamina a la sentencia, que se espera se de a conocer sobre los últimos días de este mes o los primeros días de julio.

En los alegatos de apertura, allá por los primeros días de mayo, la Fiscalía indicó que su objetivo era claro: demostrar que la explosión del edificio fue el resultado de una cadena de negligencias y responsabilidades que se inició el 24 de julio de 2013, cuando una vecina del 9º F del edificio llamó a Litoral Gas para denunciar problemas en el suministro. Esos problemas le ocasionaban, entre otras cosas, que se apagara el calefón de su departamento y la hornalla de la cocina no funcionara correctamente.

Los fiscales esgrimen que esos problemas en la presión con la que el fluido llegaba a los departamentos no fueron solucionados, a pesar de que reclamistas de Litoral Gas concurrieron al edifico y cortaron el servicio el 25 de julio al encontrar pérdidas en el gabinete.

Un día después, y luego de que el gasista José Luis Allala arreglara esos inconvenientes, la empresa restituyó el servicio, pero a entender de los fiscales, los problemas persistieron y derivaron en el intento de cambio del regulador que terminó en la peor catástrofe en la historia de Rosario.

Diametralmente opuesta es la postura de la defensa de los empleados de Litoral Gas, que a lo largo de las audiencias intentó demostrar, basándose en pericias y testimonios, que la trágica explosión fue el resultado de "un trabajo clandestino" del gasista Carlos García, quien intentó cambiar el regulador de gas del edificio sin dar aviso a la empresa de que iba a realizar ese trabajo y sin cortar la llave principal del fluido.

Múltiples testigos

A lo largo de estas 20 audiencias que insumieron ya un mes y medio de debate, por el Centro de Justicia Penal de Rosario pasaron cerca de un centenar de testigos. Hubo desde especialistas en gas a expertos en derecho y administración de consorcios.

También se pudo escuchar el crudo relato de los sobrevivientes de la explosión, que con voces entrecortadas volvieron una y otra vez a las 9.38 de aquel martes 6 de agosto de 2013, cuando la torre central del complejo de tres edificios desapareció íntegramente.

En las audiencias también se escuchó el testimonio de los médicos forenses que realizaron las autopsias de los cuerpos de las víctimas y hasta se observó una imagen captada por las cámaras de seguridad de un banco situado en la esquina de Oroño y Salta, que grabó el instante preciso en el que se desencadenó la explosión.

Luego de los alegatos de cierre de la Fiscalía llegará el turno de la querella y de las defensas de los gasistas, de los administradores del consorcio y de los empleados de Litoral Gas.

Una vez que culminen todas estas exposiciones, entonces el Tribunal se tomará unos días para llegar a un veredicto, por lo que se estima que el fallo se podría conocer sobre la semana próxima.

Fuente: diario La Capital